En el ministerio de Capital Humano más de 100 trabajadores recibieron este viernes por correo electrónico la notificación de que sus contratos con vencimiento el próximo lunes 30 de septiembre no serán renovados. 

Se trata de un nuevo recorte que realiza el Gobierno en su propósito de continuar con la reducción de la dotación del personal estatal. 
Desde los gremios estatales denuncian que, en menor medida, en otros sectores de la administración centralizada como en la Superintendencia de Servicios de Salud también se producirán reducciones de la planta transitoria.

El gobierno nacional aplica por “olas” la motasierra. En diciembre, a pocos días de asumir, determinó el cese de todos los contratados en el último año de la gestión de Alberto Fernández, pero también incluyó personal de planta permanente. Para luego lanzar otra ola en marzo, que incluyó 500 despidos solo en el ENACOM; y de nuevo en junio cuando entre otros, cerró 81 centros de acceso a justicia.

En Capital Humano varias áreas pertenecientes a la secretaría de Cultura, que próximamente pasará a la órbita de la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, serán reestructuradas o directamente eliminadas.

El ministerio de Capital Humano no considera necesario responder consultas sobre el tema.

El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en conferencia de prensa esta semana que “trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso (en referencia a los contratos), y - el 30 de septiembre- todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso” y que “después de que se termine el mes se conocerá el número de contratos no renovados”.

Milei anunció a principios de junio que avanzaría con el “plan motosierra” y que el Gobierno iba a despedir a otros 50 mil empleados públicos, más allá de los que había apartado a fines de 2023 y el 31 de marzo de este año. Esa amenaza finalmente se concretó parcialmente porque desde algunos ministerios hicieron llegar la información a la Casa Rosada de que no pueden seguir disminuyendo la cantidad de personal ya que eso afecta su normal funcionamiento.

Con los sucesivos recortes que incluyeron la eliminación de ministerios, del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación creado en 1995 por Carlos Menem) y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la casi desaparición del Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), la cifra de despedidos ya supera los 30 mil durante la gestión libertaria. 

En muchas empresas públicas también se implementaron programas de retiros voluntarios, que tuvieron distintos grados de aceptación y que deben incluirse en la categoría de despidos ya que finalmente es lo que son.

Los gremios

Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) temen que la poda de empleos también sea significativa en las carteras de Salud y Justicia, donde por ejemplo ya se anunció el cierre de varias oficinas de los Centros de Acceso a la Justicia. 

Por ese motivo, y por el incremento salarial que propuso el Ejecutivo - un 2% en septiembre y un 1% en octubre- es que decretaron el estado de alerta y movilización. 
En una de sus primeras acciones, el jueves de esta semana hicieron un paro en todas las dependencias estatales a partir de las 11 y una olla popular en la Plaza de Mayo.