Hace pocos días, regresando de su sexto viaje al exterior, el presidente Milei afirmó en entrevista con radio Mitre: "Google tiene un sistema armado para hacer la reforma del Estado por Inteligencia Artificial. ¿Sabe dónde la aplicaron muy exitosamente? En El Salvador." 
Y aseguró que están dando pasos para esa contratación.

En paralelo, se conoció en estos días una entrevista a un medio extranjero en la que, con marcado histrionismo, entre risas, el mismo presidente aseguró: “Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”.
¿Qué quiere Milei? ¿Reformar el estado o destruirlo? Es un interrogante que tiene diferente respuesta según que funcionario o fuente del gobierno lo conteste.

Pero mientras esta duda flota en el ambiente, en el breve contacto con la prensa del martes último, en Casa Rosada, Javier Milei insistió con que “avanzará” con la contratación del programa de transformación digital de Google, que emplea herramientas de Inteligencia artificial (IA), para optimizar el funcionamiento del Estado argentino.

El primer contrasentido que aparece es que el propósito enunciado de las giras internacionales del presidente es “atraer inversiones”, pero lo que resulta es que los únicos anuncios en firmes son de erogaciones del estado nacional. Primero los F16 en desuso, ahora una compra a Google.

La segunda cuestión, es que son los propios funcionarios los que, al menos en la versión que brinda La Nación, le ponen paños fríos al asunto. Dice el artículo sobre el tema: “En Balcarce 50 confían que Milei no firmó un acuerdo con Google y que el tema se encuentra en etapa de evaluación”. 

Fuera de las afirmaciones del presidente ni el Gobierno ni la compañía confirmaron que efectivamente se haya establecido algún tipo de preacuerdo formal. Lo que se estila en estos casos, es establecer una “hoja de ruta” para explorar las perspectivas y posibles alcances de un contrato.

Otra duda que aparece de inmediato: qué área del gobierno estaría a cargo de la instrumentación. Más fino y, seguramente, más conflictivo: ¿quién / quiénes?. Ya se sabe que en materia de nombres, las cosas pueden ponerse espesas, más si lo que se discute es un paquete de reforma global del estado.
Por ahora, Federico Sturzenegger, es presentado como el factótum de la desregulación del Estado y se espera que sea promovido como parte de una restructuración del Gabinete. ¿Sería el responsable de controlar este esquema de transformación?

Tercera pero no menos crucial duda: ¿cuánto cuesta contratar a Google?
En El Salvador, en dónde Google maneja las áreas de educación y salud, no se ha hecho público el costo del contrato. El periódico La Prensa Gráfica, estima que el pacto cuesta alrededor de 500 millones de dólares durante siete años.