Un nuevo conflicto renace en la costa sudoeste del lago San Roque. Más precisamente, en la zona que se integró al ejido de Villa Carlos Paz en 2018, triplicando el área perimetral del municipio serrano.

El pasado lunes la secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto inmobiliario denominado Torres del Lago, obra que aparece a nombre del Fideicomiso Altos de Carlos Paz.

Se trata de un emprendimiento que incluye 29 torres con más de 2500 departamentos en una franja ubicada entre la ruta provincial 38 y el propio lago San Roque. El plan original contempla acceso desde caminos ya trazados y que también han sido objeto de denuncias cruzadas.

La iniciativa había tomado impulso en 2018 cuando empresarios inmobiliarios acordaron con el por entonces intendente de Santa Cruz del Lago, Gustavo Miravet, quien otorgó la factibilidad pese a que se trataba de terrenos en litigio con la vecina ciudad.

A tal acuerdo le siguieron luego distintos permisos otorgados por entidades provinciales, pese al cerrado rechazo de los vecinos del sector y a que se erigiría en zonas definidas como amarillas por el ordenamiento territorial.

El proyecto pareció empantanarse cuando se decidió suspender la audiencia para análisis del estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para dicha obra.

La posterior aprobación en la Legislatura provincial de la anexión de dicho sector al ejido de Carlos Paz pareció sentenciar definitivamente la suerte de las “Torres del Lago”, por entonces ya convertidas en ícono del avance inmobiliario sobre tierras serranas.

La ampliación territorial era impulsada por la gestión del entonces intendente Esteban Avilés, quien semanas después anunciaría su incorporación a la alianza Hacemos por Córdoba de cara a las elecciones provinciales de 2019.

Hoy Avilés se desempeña como presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Área Protegida Norte

Tan pronto se confirmara la extensión del terreno por administrar, tanto la gestión de Avilés como la de su sucesor, Daniel Gómez Gesteira, remarcaron que no permitirían el avance de emprendimientos inmobiliarios allí. 

Tal decisión fue verbalmente refrendada en distintas ocasiones. Especialmente luego de una sucesión de incendios que motivó especulaciones en torno a un cambio del régimen de uso de los suelos. (Ver: Incendios en Carlos Paz: entre sospechas y desarrollos inmobiliarios)

En octubre del pasado año el secretario de Desarrollo Urbano, Gustavo García Setti, confirmaba a Canal 10 la elaboración de un proyecto de ordenanza para "prohibir toda modificación topográfica del relieve natural y cualquier modificación de ecosistema en la región ubicada al límite con Villa Santa Cruz del Lago". (Ver: Carlos Paz no permitirá proyectos inmobiliarios en las zonas recientemente incendiadas)

Tras sucesivas posposiciones, el viernes 25 de junio el Concejo de Representantes de Carlos Paz aprobó la creación de la denominada Área Protegida Norte. La misma se extiende por 149 hectáreas, coincidiendo con el ejido ampliado.

En su justificación, el gobierno municipal destacó que "el territorio participa de la zona amarilla de la Ley Provincial de Protección del Bosque Serrano 9814, estando el uso del suelo bajo las disposiciones establecidas en dicha norma".

"Es política de este Gobierno la preservación de recursos naturales, revirtiendo la dinámica de densificación en altura, controlando la densificación de las áreas residenciales (...). Surge el imperativo de extender este concepto al resto del territorio, preservando las zonas de recarga de los acuíferos que alimentan nuestro ríos y por consecuencia al lago, como asimismo resguardar su costa para el disfrute de actuales y futuras generaciones", añadía la argumentación.

Precisamente, la posibilidad de crear un parque sobre la costa del lago San Roque fue uno de los argumentos principales. "Este gobierno busca que los vecinos podamos llegar, algunos por primera vez, a la mejor costa que tenemos en el oeste", señaló durante la audiencia pública previa, la directora de Planeamiento, arquitecta Liliana Bina. 

A tal fin, la Municipalidad anunció la expropiación de un área costera con 300 metros de playa desde el lago propiamente dicho. Junto a ello, la construcción de un camino que conectaría esa franja, donde se destaca la bahía Los Mimbres, con el resto de la ciudad.

Esta vía atravesaría terrenos privados, cuyos propietarios aseguran que ni siquiera han sido participados del proceso de expropiación exigido por ley.

Pese a ello, el gobierno de Gómez Gesteira celebró el avance de estas iniciativas, presentadas para protección del ambiente y evitar el avance de proyectos inmobiliarios de alto impacto.

Sorpresa

La reacción de los privados que se consideran afectados por el trazado de la vía que llegaría a la nueva región costera marca una continuidad de sucesivas presentaciones a la Justicia.

Primero fueron los empresarios que impulsaban la construcción de las citadas Torres del Lago quienes presentaron denuncias por considerarse perjudicados. "Afectación de derechos", repitieron a distintos medios.

Piden, desde fines de 2018, que se les permita continuar con una obra para la que ya contaban con permisos y factibilidades de rigor. 

Han denunciado además que, aún antes, el municipio de Carlos Paz trazó caminos en la región en disputa pese a no contar con autorizaciones. A las demandas por daños añadieron la figura de usurpación, remarcando que las máquinas viales atravesaban terrenos de su propiedad.

Las mismas acciones fueron observadas por vecinos de barrios aledaños, quienes deslizaron sospechas que reafirmaron tras la aprobación de la mencionada Área Protegida Norte. (Ver: Nuevas denuncias en torno al uso de suelos para emprendimientos inmobilarios).

Sin embargo, a todos sorprendió la decisión de la Provincia de reflotar la realización del estudio de impacto ambiental para el proyecto de Torres del Lago. Por un lado, considerando que este emprendimiento ahora se emplaza en los límites de otra jurisdicción. Por otra parte, señalan incompatibilidades no sólo con el ordenamiento de bosques nativos sino también con lo establecido por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) 

"No se entiende. Para ese proyecto tampoco pueden alegar que tengan derecho por la factibilidad que les dio Santa Cruz del Lago, porque está en una categoría que no es urbanizable según el ordenamiento vigente. Nunca se tendría que haber llamado a audiencia siquiera. Hay una parte que es zona de riesgo, porque es inundable, otra que es zona estratégica", afirmaron especialistas en materia ambiental.

Especulaciones apuntan a una jugada política, a pocos días de la presentación de las listas que competirán en las parlamentarias. Otros señalan crecientes conflictos entre los municipios del corredor sur del valle de Punilla, con repercusión en la capital provincial.

"También se han afectado intereses de jugadores inmobiliarios de peso. Los dueños de las tierras son influyentes. A esta gente, que tenía un proyecto, les dijeron que ahora todo es zona de reserva, sin haber hecho la expropiación. Por ende, no pueden hacer proyectos por los que ya invirtieron. La playa, lo único de valor, es lo único que se expropiaría, pero para hacer caminos y dar concesiones de paradores", señalaron vecinos de sectores aledaños.

"Estamos entre la espada y la pared. No queremos torres , pero tampoco aceptamos que nos vendan gato por liebre. Queremos que efectivamente sea un área protegida y de reserva" sentenciaron los habitantes consultados.

Rechazo y postura

Desde el gobierno de Carlos Paz, el intendente Gómez Gesteira ratificó su rechazo al emprendimiento inmobiliario en cuestión. 

"El Municipio elevará antecedentes e instrumentos legales que revelan que el proyecto no cuenta con ningún antecedente de factibilidad. El gobierno de la ciudad ya sentó postura y declaró a la zona Área Protegida Norte mediante ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo de Representantes", expresaron a través de su sitio web.

"Pedimos que esta audiencia sea suspendida ya que está vigente la ordenanza que crea el Área Protegida Norte y alcanza también esos predios. En Carlos Paz no tiene ningún tipo de factibilidad ni aprobación este emprendimiento, que es absolutamente incompatible con la preservación del ambiente, en una zona declarada Área Protegida. La Ley de Bosques ya había establecido que era zona amarilla y no están permitidos estos proyectos”, recordó Liliana Bina.

Silencio

Este medio solicitó más precisiones a la secretaría de Ambiente de la Provincia. Hasta el momento remitieron las consultas a la convocatoria a la audiencia, presente en su sitio web.