En la flamante sede propia del Concejo Deliberante fue aprobada, este jueves, la normativa que contempla modificaciones a la ordenanza previa (12.771), que fue derogada.

El intendente Daniel Passerini participó este jueves de la primera sesión del Concejo Deliberante en sede propia, tras años de funcionar en lugares provisorios. En el nuevo edificio ubicado en la zona del Abasto, los concejales aprobaron una normativa para el diseño de la asistencia en situaciones de consumos problemáticos y trastornos de salud mental.

“Siento mucho orgullo y mucha emoción, pero fundamentalmente mucha responsabilidad por todo lo que tenemos que construir acá, dialogar y escucharnos para conectar, integrar y humanizar esta ciudad”, destacó el intendente Passerini frente al cuerpo de ediles y representantes de organizaciones sociales vinculadas a la salud mental y el consumo problemático en la ciudad.

Foto: Municipalidad de Córdoba.
Foto: Municipalidad de Córdoba.

“Lo que hace trascendental a este día es no solamente que el Concejo va a sesionar por primera vez acá, sino que es un muy buen punto de arranque que estén en la casa del pueblo instituciones que representan al pueblo”, expresó el intendente respecto a quienes participaron en la discusión de la nueva ordenanza en el tema.

La normativa contempla numerosas modificaciones a la ordenanza previa (12.771) que databa de 2017 y fue derogada. 

“Se escuchó la voz de quienes están todos los días en el territorio y a ese problema le acercamos una solución. Aquí hay profesionales de jerarquía que enriquecieron la discusión”, dijo Passerini respecto al intenso trabajo deliberativo que implicó la nueva ordenanza.

El nuevo marco legal impacta directamente en uno de los aspectos centrales de la política pública en la materia: el Consejo Municipal de Políticas Integrales para la Prevención del Consumo Problemático de Drogas (COPIPRED).

El COPIPRED tomó impulso en 2020 por iniciativa del por entonces viceintendente Passerini, médico y especialista en toxicología, que conformó este consejo para integrar los esfuerzos de todos los actores públicos y privados abocados a esta demanda social crítica, intensificada tras la pandemia COVID-19.

Esta nueva ordenanza eliminó sesgos en torno a las adicciones e incorporó una perspectiva de derechos en salud mental mucho más abarcativa, en línea con la ley nacional 26.657.